Lo que debes saber sobre el referéndum del 1 de octubre

¿Se celebrará el 1-O? ¿Qué está haciendo el Estado para impedirlo? ¿Qué dicen las leyes de ruptura? Repasamos la situación a falta de dos semanas para una fecha clave

El conflicto político que se vive en Cataluña ha entrado en una nueva e inédita fase. El enfrentamiento entre los ejecutivos catalán y central ya es frontal y abierto. El Govern ha convocado -de manera unilateral- a los catalanes a votar en un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre y parece tan decidido a llevarlo a cabo como el Gobierno central a impedirlo.

El gobierno de Puigdemont alega su legitimidad para convocar la consulta basándose en las dos leyes aprobadas recientemente por el Parlament: la del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

«El enfrentamiento entre los ejecutivos catalán y central ya es frontal y abierto»

En la práctica, ambas suponen la ruptura con la legalidad vigente y están suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Govern ha ignorado esta decisión y mantiene la convocatoria alegando que la Ley del Referéndum prevalece sobre todas las demás y que la legislación internacional ampara la consulta.

Por su parte, el Gobierno central, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía están poniendo en marcha una amplia serie de medidas para impugnar esas leyes, impedir la preparación y la promoción de la consulta y sancionar a sus promotores. Una de las decisiones más destacables es la decisión del Ejecutivo central de controlar los pagos de la Generalitat para evitar que esta destine fondos al referéndum.

A falta de dos semanas para el 1 de octubre, repasamos los puntos clave sobre esta convocatoria que ha convulsionado la política española y catalana: las acciones que se están llevando a cabo, el contenido de las leyes de ruptura, las opiniones jurídicas a favor y en contra, los posibles escenarios para el día después…

¿Se celebrará la consulta?

“Es difícil de decir a día de hoy, nadie sabe si finalmente se va a paralizar o no”, responde el doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Barcelona Jordi Muñoz. “Parece claro que el Gobierno de la Generalitat lo ha preparado todo para poderlo hacer, con la colaboración de ayuntamientos y otros agentes, y también parece claro que el Gobierno español lo quiere impedir”, añade.

«Nadie sabe si finalmente se va a paralizar o no»

La convocatoria está legalmente suspendida: al poco de aprobarse la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya y el decreto de convocatoria del 1-O, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió varios recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Este los ha admitido a trámite, lo cual conlleva la suspensión cautelar de ambas medidas hasta que se resuelva el caso, en un plazo de cinco meses.

Según Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, dadas las circunstancias “ya sabemos que no va a ser un referéndum con garantías que se desarrolle con normalidad y por tanto pueda ser leído en términos de un proceso democrático”.

Por tanto, desde su punto de vista la duda es qué tipo de acto se va a llevar a cabo: si habrá urnas en todo el territorio o solamente las habrá en municipios más pequeños y no en los de mayor tamaño. “Es posible que el Estado se conforme con decapitar el referéndum haciéndolo inviable en grandes ciudades como Barcelona y alguna otra”, dice.

Las medidas del Estado

El Estado ha puesto en marcha una gran ofensiva contra la organización del referéndum. Como ya se ha señalado, el Gobierno central recurrió las leyes de ruptura al Constitucional para conseguir su suspensión. Además, ha anunciado una medida inédita desde la instauración de las autonomías: impondrá al ejecutivo catalán un sistema de control de gastos con el que pretende evitar que destine fondos al referéndum.

Por su parte, el Fiscal General del Estado ha puesto en marcha una serie de medidas como la presentación de querellas contra los principales responsables del Govern y la Mesa del Parlament por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además, ha acordado con las fiscalías catalanas que los cuerpos policiales investigarán los preparativos del referéndum y requisarán los instrumentos para llevarlo a cabo. Como consecuencia de esto, las fuerzas policiales están llevando a cabo acciones como registros en imprentas para interceptar papeletas y material promocional.

El Tribunal Constitucional ha advertido a los miembros del Govern, a los altos cargos de la Generalitat y a los alcaldes de Cataluña (entre otros cargos) de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir” la suspensión de la consulta.

«Más de 700 alcaldes han anunciado que cederán locales municipales para la votación»

Sin embargo, la gran mayoría de los alcaldes (más de 700 de un total de 947 poblaciones) ha anunciado que cederá locales municipales para la votación. La Fiscalía ha respondido anunciando que los citará a declarar como investigados y, si no acuden, pedirá que los detengan para que declaren.

Por otro lado, los alcaldes de la mayoría de las poblaciones gobernadas por el PSC (municipios tan poblados como L’Hospitalet, Terrassa, Lleida, Tarragona y Mataró) han decidido no acoger la consulta en sus locales. Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para que se pueda votar en su ciudad, aunque no se ha anunciado en qué consiste ese pacto.

Y el 2 de octubre, ¿qué?

«Seguiremos con el mismo problema que tenemos desde hace años pero con un gobierno instalado en la insubordinación»

Así las cosas, ¿qué se puede esperar para el día después del referéndum? Las fuentes consultadas enumeran un gran rango de posibilidades: que no se haya podido celebrar porque la policía lo haya evitado o porque se haya suspendido la autonomía, que se celebre solo a medias por la presión del Estado, que se celebre y no consiga la suficiente participación, que se celebre y sí movilice a un gran número de ciudadanos… Estamos ante un proceso de desenlace muy incierto.

En cualquier caso, Lluís Orriols considera que, tras la votación, “seguiremos con el mismo problema que tenemos desde hace años, el del encaje de muchos ciudadanos catalanes con el resto del Estado, pero con otro problema añadido que es el de tener a un gobierno instalado en la insubordinación”.

“Ahora mismo parece difícil ver una situación de diálogo y normalización de la situación, pero supongo que en algún momento tendrá que llegar”, opina Jordi Muñoz.

¿Hay espacio para un referéndum pactado? Según el politólogo Ferran Martínez, investigador en el CGPP y el Griffith Asia Institute de la Universidad de Griffith (Australia), “sí lo hay, o lo debería haber”. Sin embargo, señala una paradoja: “si el Gobierno central aceptara un referéndum, se diría que ha claudicado a los nacionalistas”, pero si más de un 80% de los catalanes quieren hacer un referéndum “con plenas garantías y en su debida forma y tiempo, no quedará otra”.

“Para el independentismo catalán el escenario preferido sería el escenario escocés”, añade Muñoz. Sin embargo, desde el punto de vista Orriols, para el Estado “los costes de aceptar un referéndum serían elevadísimos, por no hablar de los precedentes que generaría”. Por eso cree que la situación más viable sería explorar “una reforma de gran calado” que reduzca el independentismo a “unas cifras asumibles”.

Referéndum Cataluña

Recuento de papeletas en la consulta del 9 de noviembre de 2014

¿Qué dicen las leyes de ruptura? 

La Ley del Referéndum es la norma que establece las bases de la consulta que quieren llevar a cabo las fuerzas independentistas el próximo 1 de octubre. Defiende la legitimidad del referéndum de independencia apelando a tratados internacionales aprobados por las Naciones Unidas y ratificados por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (artículo 1).

Declara que “el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano” y establece un régimen jurídico excepcional en el que la propia Ley del Referéndum prevalece jerárquicamente sobre todas las demás porque regula el ejercicio de un derecho “fundamental e inalienable”.

Si gana el sí, el Parlament declarará la independencia en dos días. Si lo hace el no, se convocarán elecciones autonómicas

Determina que la consulta será vinculante y que el Parlament declarará la independencia en dos días en caso de victoria del sí. Si lo hace el no, se convocarán elecciones autonómicas. No se establece un porcentaje mínimo de participación para considerar válidos los resultados (al igual que en otros casos, como el referéndum sobre el Brexit, por ejemplo).

La norma convoca a las personas con derecho a voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña. También prevé la creación de la Sindicatura Electoral de Catalunya, un órgano encargado de garantizar que el proceso de la consulta se realiza con normalidad. Por último, recoge la pregunta que se formulará en las papeletas: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”.

Papeleta del referéndum del 1 de octubre

La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (LTJ) es la norma que han impulsado Junts Pel Sí y la CUP para desconectar definitivamente a Cataluña de la legalidad española. Aunque ya está aprobada en el Parlament, solo entraría en vigor en caso de victoria independentista el 1-O, y funcionaría a modo de ‘constitución provisional’ hasta la aprobación de una constitución catalana.

Declara a Cataluña como “república de derecho, democrática y social” y atribuye la soberanía al pueblo catalán. Prevé que se mantengan en vigor las leyes locales, autonómicas y nacionales vigentes actuales salvo que se declaren inaplicables, y proclama la vigencia de la legislación europea y los tratados internacionales.

«La Ley de Transitoriedad dispone las fases para el proceso constituyente de la república catalana»

Por otro lado, dispone las fases para el proceso constituyente de la república catalana: la primera consistirá en un proceso social deliberativo en el que se establecerán las principales cuestiones que deberá recoger la futura constitución; la segunda serán las elecciones que escogerán a la asamblea constituyente, que deberá redactar la constitución; y, por último, la tercera servirá para ratificar esta nueva carta magna.

Además, esta ley prevé otros aspectos como la creación del poder judicial catalán, la absorción de los funcionarios del Estado o los idiomas oficiales (catalán, castellano y occitano).

La opinión de los juristas

¿Ofrecen estas leyes las garantías suficientes para celebrar un referéndum? Así lo ven dos juristas de opiniones contrapuestas:

“A mi juicio sí”, responde la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Mercè Barceló. Desde su punto de vista “se cuenta con todos los instrumentos necesarios para convocar un referéndum según los cánones estándares: habrá una administración electoral, un sistema de control, un censo…”.

Por el contrario, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra Josep Joan Moreso sostiene que esta norma “vulnera la Constitución y el Estatuto” y que, por tanto, no es válida. Según él, “el derecho internacional no legitima un referéndum unilateral y vinculante” mientras que Barceló señala que se está abriendo camino y asegura que “el derecho internacional no prohíbe” una consulta de las características de la que se quiere realizar en Cataluña.

El proceso de aprobación

«Las dos leyes de ruptura se aprobaron en larguísimos y agitados plenos»

Las dos leyes de ruptura se aprobaron los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament (que tiene 135 diputados) con los 72 votos favorables de Junts pel Sí y la CUP. Los 52 diputados de Ciudadanos, el Partit del Socialistes (PSC) y el Partido Popular abandonaron el pleno durante la votación. Por su parte, los 11 representantes Catalunya Sí que es Pot se abstuvieron en la votación de la Ley de Referéndum y votaron que no a la de Transitoriedad.

Ambas normas se aprobaron en larguísimos y agitados plenos en los que la oposición acusó a la mayoría independentista de vulnerar sus derechos. Para evitar la esperada suspensión del Tribunal Constitucional, las fuerzas independentistas suprimieron los trámites parlamentarios que normalmente siguen las proposiciones de ley e introdujeron el debate en el pleno pese a que no estaba previsto en el orden del día. Mientras tanto, los diputados de la oposición trataron de dilatar los plazos para la aprobación de las leyes.

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