Por qué no sabemos cuánto nos costará el rescate bancario

Se estima que ya se han perdido 40.000 millones de dinero público, pero aún quedan muchos más fondos comprometidos

¿Cuánto dinero público ha costado el rescate de las entidades bancarias españolas? ¿40.000 millones de euros? ¿50.000? ¿100.000? La respuesta corta es: mucho, pero aún no podemos saber la cifra final. La respuesta larga la explicamos a continuación.

Los 40.000M€ que se prevé perder son más del doble de lo que gastará España en prestaciones de paro el próximo año

Cada cierto tiempo, los números del rescate saltan al centro de la pista y se ponen a bailar. En función de qué partidas contabilice la institución o el medio de comunicación de turno, las cifras dicen una cosa u otra. Últimamente, este asunto ha vuelto a los titulares de prensa a raíz de la publicación del Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España (2008-2014), elaborado por el Banco de España.

Tal y como explica Antoni Garrido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, para hacernos una idea clara del agujero que dejará el rescate bancario en el erario público conviene distinguir entre lo que ya se ha inyectado y lo que está comprometido (que podría gastarse o no).

Lo que ya hemos perdido

El grueso de las pérdidas públicas corresponde al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (más conocido como FROB). Esta entidad se creó durante la crisis con el objetivo de reorganizar el maltrecho sistema bancario español. Para ello, inyectó capital en una decena de cajas a cambio de convertirse en propietario de parte de ellas, con la idea de venderlas más tarde para recuperar la máxima cantidad posible de inversión.

Banco de España

El Banco de España ha publicado un informe sobre el coste del rescate bancario. (Foto: Antonio Tajuelo)

Según el citado informe del Banco de España, las arcas públicas han invertido 54.353 millones de euros en el sistema bancario a través del FROB. Esta entidad ya ha vendido sus participaciones en casi todas las cajas, lo cual le ha reportado 3.873 millones de ingresos. Por tanto, hasta el momento el gasto es de 50.480 millones.

Sin embargo, al FROB le queda aún una última venta pendiente: la de Bankia. El Estado mantiene una importante participación en esta entidad bancaria y pretende ponerla en el mercado próximamente. El Banco de España estima que, con esta operación, el FROB recibirá 10.402 millones de euros.

En caso de que consiga vender su participación en Bankia por esa cantidad, los contribuyentes habremos perdido finalmente de 40.078 millones de euros de los 54.353 invertidos a través del FROB. Por tanto, habremos recuperado solamente el 26% (14.275 millones de un total de 54.353).

Por contextualizar: la cantidad que se prevé perder, alrededor de 40.000 millones, es más del doble de lo que gastará España en prestaciones por desempleo durante el próximo año. En cualquier caso, de momento esta cifra no es más que una estimación. La cantidad final no se conocerá hasta la venta de Bankia.

Por su parte, Eurostat cifra en 47.910 millones la cantidad de dinero que España ya no recuperará, teniendo en cuenta otras ayudas aparte del FROB. En cualquier caso, aún queda una enorme cantidad de dinero en juego.

Lo que podríamos perder

Muchas veces se toma lo inyectado en el FROB como sinónimo de todo el gasto público en la reestructuración bancaria, pero no es así. Hay más dinero comprometido en partidas en las que el Estado no ha gastado aún, pero podría hacerlo en función de cómo vayan las cosas. Se trata de garantías y otro tipo de ayudas en operaciones que aún están por cerrarse. Son estas partidas:

  • SAREB

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, o SAREB, es también conocida como el banco malo de España. Aunque en realidad no es un banco, sino un organismo creado para ayudar a las entidades de crédito en dificultades mediante la compra de una parte de sus activos tóxicos. Desde la compra, dichos activos podrán permanecer en el poder de la SAREB poder durante un plazo máximo de 15 años, durante el cual deberá haberse desprendido de ellos.

Hasta 2027 no sabremos si las arcas públicas recuperarán los millones invertidos en el capital de la SAREB

El Estado invirtió 2.192 millones de euros en el capital inicial en esta entidad y ha avalado la deuda (50.781 millones de euros) emitida por la SAREB para comprar los citados activos tóxicos. Esto quiere decir que, si la SAREB no consigue con sus ventas una cantidad de ingresos suficiente como para devolver esa deuda, será el Estado quien se haga cargo de ella. Ahora mismo, la parte pendiente de esa deuda asciende a 40.925 millones de euros.

Hasta 2027 (año en que finalizará su actividad) no sabremos si las arcas públicas recuperan o no los 2.192 millones invertidos en el capital de esta entidad ni si habrá que hacer frente a esos 40.925 millones de deuda o a una parte de ella. Dependerá, en gran medida, del mercado inmobiliario: si se confirma su recuperación habrá más probabilidades de que la SAREB venda sus activos por unas buenas cifras.

  • Esquemas de Protección de Activos

“Imagínate que vas a comprar una casa y, al visitarla, ves una grieta en el techo” dice el catedrático de Economía del Colegio Universitario de Estudios Financieros Santiago Carbó. “Entonces le dices al banco: yo estoy dispuesto a comprarla, pero no sé qué va a pasar con esa grieta dentro de seis meses, un año o cinco años; si la grieta se abre y la casa se cae, usted me devuelve el dinero que me he gastado”, explica.

Los EPAs no són una inyección de dinero sino una especie de seguro

Los Esquemas de Protección de Activos (EPAs) son algo parecido. El Estado sacó a subasta algunas cajas de ahorros y, como los posibles compradores pensaban que parte de esos activos podían ser tóxicos (es decir, se esperaba que tuvieran clientes morosos, inversiones ruinosas, etc.), les ofreció una garantía: si había una parte inesperada de pérdidas, las arcas públicas se harían cargo de ella.

Por tanto, no se trata de una inyección de dinero sino de una especie de seguro, y tampoco conoceremos el balance final hasta que estos mecanismos dejen de estar operativos. El máximo comprometido que podría pagar el Estado por este concepto son 4.758 millones, aunque la última estimación prevé que el gasto sea de 883 millones.

  • Otras ayudas

El catedrático de Economia Antoni Garrido explica que el Estado también ha comprometido fondos por un total de 1.628 millones de euros en otras ayudas a entidades bancarias. Se trata de ayudas ad hoc para facilitar operaciones de venta, compensar a preferentistas en caso de que sea necesario, etc. En este caso, tampoco conocemos qué parte de esa cantidad se gastará finalmente hasta que no finalicen estas operaciones, que tienen diferentes plazos.

El coste total estimado

Por tanto, hay varias conclusiones claras:

  • No podremos conocer el coste que tendrá la reestructuración bancaria para el bolsillo de los ciudadanos hasta que terminen todas las operaciones en marcha.
  • De momento hemos inyectado 50.480 millones de euros de capital a través del FROB, a la espera de lo que se ingrese por la venta de su participación en Bankia, que está estimada en unos 10.402 millones. Si esta entidad se vende a ese precio, perderemos unos 40.000 millones.
  • Además de esto, hay comprometido –repetimos, no gastado- un máximo de 49.503 millones más de dinero público:
    • Los 192 millones del capital inicial de la SAREB.
    • El aval a la deuda de la SAREB por un valor de 925 millones.
    • Los 758 millones de los EPAs.
    • 1.628 millones en otras ayudas.
  • Pero, hasta dentro de varios años, no sabremos qué parte de estos fondos comprometidos se ha gastado.

¿Por qué se ha perdido tanto dinero?

«Si el problema se hubiera reconocido antes quizás se habría salido antes de la crisis bancaria y se habría recuperado un mayor porcentaje de las ayudas»

Todos los expertos consultados coinciden en un punto: las autoridades españolas tardaron demasiado tiempo en reaccionar.

Así lo ve Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático de la Universidad de Valencia: “mi tesis es que en España el porcentaje de ayudas perdidas será muy superior a otros países porque se reconoció más tarde la existencia de un grave problema de solvencia en el sistema bancario», dice.

Desde su punto de vista, “si este problema se hubiera reconocido antes y se hubieran dedicado entonces los fondos que hacían falta para limpiar los balances de activos tóxicos, quizás se habría salido antes de la crisis bancaria y se habría recuperado un mayor porcentaje de las ayudas”.

Construcción

Sin embargo, “el empeoramiento de la coyuntura puso en cuestión la solvencia no de unas entidades concretas, sino de todo el sistema, obligando a inyectar un montón de recursos”, comenta Garrido.

Santiago Carbó abunda en esta idea: “cuando estalló la crisis, pilló a las cajas con un montante enorme, entre 300.000 y 350.000 millones, invertido en activos que perdieron valor rápidamente”. A pesar exposición tan grande ante el mercado inmobiliario, “no se reaccionó muy deprisa, entonces el deterioro se consolida y cuando se reacciona, en 2012, ya hay unas pérdidas que son irrecuperables”, afirma.

«Todo el dinero que habremos gastado para recuperar al sector bancario se convertirá en deuda pública para las generaciones futuras»

Es decir, si se hubiera actuado antes, probablemente los bancos habrían tenido tiempo para recuperarse y volver a generar valor con el que devolver las ayudas estatales. Eso es lo que ha pasado en otros casos como los de Holanda o los EE.UU.

¿Y hubiese sido mejor dejar caer a las cajas dañadas? Carbó piensa que no: “por el tamaño de las entidades no era factible y seguramente nuestros socios europeos no nos lo habrían permitido”.

En cualquier caso, el rescate dejará un enorme agujero en las cuentas públicas. Todo el dinero que habremos gastado para recuperar al sector bancario se convertirá, tal y como aclara Maudos, en “deuda pública para las generaciones futuras”. ¿Y de qué tamaño será el agujero que nos dejará este esfuerzo? “No lo sabemos todavía, pero todo apunta que acabará siendo de unos seis o siete puntos de PIB”, zanja Garrido.

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